En marzo de 1766, los madrileños se amotinaron porque un ministro de Carlos III, el Marqués de Esquilache, pretendía cambiar por decreto la vestimenta de los ciudadanos limitando la longitud de las capas y el ancho del ala de los sombreros. La movilización popular fue masiva y llegó a estar amenazada la seguridad del monarca que se vio obligado a desterrar al ministro cortacapas. Cuarenta y dos años después, el pueblo de Madrid volvía a liarla parda enfrentándose, navaja y trabuco en ristre, al ejército más poderoso de su época. Cuesta trabajo creer que los descendientes de un pueblo capaz de derribar a Esquilache en 1766, o de pelear contra el invasor gabacho en 1808 sea el mismo que ha aceptado sumisamente la dictadura plandémica, los contratos basura, la uberización de la economía, la precariedad laboral, la delincuencia inmigrante y las demás cabronadas globalistas sin alzar la voz ni un poquito. Los tataranietos de los amotinados que se negaron a recortar el ala de sus cha
